Archivos Mensuales: mayo 2013

¿BUENAS NOTICIAS? ¿MALAS NOTICIAS?

Ésta ha sido una semana de buenas noticias para el país. Además de haberla comenzado con los avances de la Alianza del Pacífico, en los últimos días, Colombia se ha enterado, por un lado, del acuerdo sobre el primer punto de la agenda de La Habana y, por el otro, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció la iniciación del proceso para la adhesión del país como miembro de pleno derecho.

A pesar del optimismo de algunos, los pesimistas no han tardado en llegar. Analistas de diversas corrientes ideológicas han coincidido en una crítica. Según estos pensadores, existe una contradicción entre los dos hechos: ¿cómo podemos negociar con la guerrilla mientras que el país se abre más al mundo? (Un ejemplo, acá). Esta contradicción, sin embargo, está errada en varios sentidos. Primero, negociar con la guerrilla de las FARC no implica, necesariamente, cambiar el modelo económico del país. No se debe olvidar que una negociación es entre dos – o más – partes y que, en consecuencia, lo que se debe esperar es que ambas partes cedan en sus pretensiones y ambiciones. Seguramente, los negociadores de las FARC (así como muchos grupos de la sociedad civil, como señalé en mi comentario de la semana pasada) quisieran implementar un modelo de economía cerrada, en el que el Estado tuviera todo el control y tomara todas las decisiones. Pero esta es la pretensión de la que parten, no a la que llegarán si se alcanza un acuerdo definitivo. Esperar una cosa así implicaría que el Estado tuviera un papel pasivo en la negociación y, como muestra la experiencia y la teoría de negociación, acuerdos en los que una parte cede en todo no son sostenibles en el tiempo.

Segundo, lo que anunció ayer Angel Gurría, secretario general de la OCDE, no es el ingreso de Colombia a esta organización, sino el inicio de negociaciones para un eventual ingreso como miembro de pleno derecho. Pero es más: el ingreso (que se dará) no implica la renuncia del país a tomar sus propias decisiones en materia de política doméstica. La OCDE es un foro en el que los estados miembros muestran sus experiencias exitosas en sectores específicos, se hacen recomendaciones y se hacen mediciones sobre los resultados (Acá pueden ver todo lo que hace y cómo lo hace). No es una organización en la que existan imposiciones, sino que se parte de la capacidad de aprendizaje que tienen los representantes estatales para reconocer las políticas que les sirven y la forma de implementarlas. Muchas de esas buenas prácticas pueden estar equivocadas. Pero los estados tienen, en últimas, la capacidad de tomar sus propias decisiones, como lo demuestran los casos de Grecia o Portugal que, aun siendo miembros, es posible afirmar que sus decisiones no han sido del todo las adecuadas, como refleja su situación de crisis.

Tercero, me parece que debemos entender el objetivo de la negociación con la guerrilla de las FARC como una estrategia para facilitar la incorporación de sus miembros a la vida civil. Para que esta estrategia sea efectiva, como han demostrado autores como Daron Acemoglu y James Robinson (Why Nations Fail, 2012), es necesaria la construcción de instituciones incluyentes y no extractivas. Dentro de ellas se encuentra el respeto y la garantía a la propiedad privada, el fomento de la competencia, la eliminación de privilegios de las élites y el fortalecimiento del Estado en sus funciones de seguridad y justicia. Precisamente, como pueden ustedes ver, hacia la consolidación de este tipo de instituciones es que se dirigen las discusiones y los temas que se tratan al interior de la OCDE (Vean los temas que se tratan acá).

Como se ha convertido en costumbre, el gobierno colombiano, para enfrentar las críticas, ha respondido con un optimismo que raya con la generación de falsas expectativas. En realidad, ambas noticias son muy positivas pero no tiene que llevar a plantear escenarios futuros igualmente optimistas. La de las FARC, porque este nuevo avance (el primero fue definir la agenda y sentarse a negociar) puede reflejar que, esta vez sí, las partes han percibido que los costos de mantenerse en la guerra son superiores a las ganancias, como escuché decir esta semana a León Valencia en un conversatorio, y esta percepción es una condición indispensable para esperar avances reales en estos procesos (no la voluntad de paz, ni el amor al prójimo ni nada de eso). La de la OCDE, porque el inicio del proceso de adhesión demuestra un reconocimiento por parte de 34 países del mundo sobre lo – poco – que hemos avanzado en la construcción de instituciones incluyentes y esto es determinante, como sabemos los internacionalistas, para que Colombia adquiera una identidad social que permita que sus intereses estén relacionados, al fin, con el cumplimiento, por parte del Estado, de sus funciones como representante de los colombianos (un efecto de esto sería, por ejemplo, que nuestros representantes dejen de perder el tiempo con el tema de drogas y se dediquen, más bien, a hablar de inversión, comercio o de otros temas que realmente generen impacto en el desarrollo del país).

¿No hay aspectos negativos? Claro que puede haberlos. Puede ser que nos estemos equivocando y que, al final, no se llegue a ningún acuerdo con las FARC. O que el acuerdo al que se llegue se incumpla. Pero ninguna de estas dos razones es suficiente para que decidamos no intentarlo. Puede ser que el país no aprenda nada de la OCDE. Puede ser que resultemos absorbiendo los ejemplos negativos (como el de Grecia). Pero tampoco éstas son eventualidades suficientes para abandonar este proceso.

Ahora bien, ¿qué pasará si logramos el objetivo en los dos casos? La verdad es que no mucho. Si se llega a un acuerdo de paz con las FARC, faltará un acuerdo con el ELN y el control de las llamadas BACRIM. Como muestran otros casos de postconflicto, la seguridad urbana puede empeorar, por lo menos en el corto plazo, después del acuerdo. Tendremos que preocuparnos por el proceso de reinserción de quién sabe cuántos hombres (siempre se desmovilizan más de los que se esperaban). Tendremos que avanzar en procesos de reconciliación nacional (y esto sí que es complejo en un país como Colombia: ¿quién quiere tener una casa de desmovilizados como vecina? ¿Quién quiere tenerlos como compañeros de trabajo o de estudio? Ahí sí veremos qué tan bondadosos son realmente los grupos de la sociedad civil y algunos individuos que hoy tanto piden la paz). Pero, por mi parte, prefiero todas estas preocupaciones – y nuevos problemas – a seguir con un país en el que el tema prioritario del debate político sea una guerrilla desgastada.  

Si ingresamos a la OCDE, los efectos sí que serán menores. ¿Más comercio? No es seguro. ¿Más inversión? Tampoco (eso depende de las políticas que se adopten). ¿Desarrollo? Ni pensarlo (porque es un proceso muy complejo que no depende de las organizaciones a las que pertenezca el país sino del tipo de instituciones que se creen y de la mayor posibilidad de los individuos para tomar sus propias decisiones). Pero sí me parece que el ingreso, además de lo que señalé antes, tendría otro efecto positivo poderoso: una suerte de anclaje sobre lo poco que hemos avanzado en la construcción de un país más abierto y con instituciones más incluyentes. Es decir, si ingresamos a la OCDE, además de muchos otros efectos puntuales, me parece que se soluciona, en parte, el problema que planteé la semana pasada: se disminuiría la probabilidad de un retroceso brusco en las estrategias económicas que hemos adoptado en los últimos años, como lo quisieran muchos.

Desde esta perspectiva, las buenas noticias parecieran ya no serlo. Sin embargo, el objetivo de esta reflexión es afirmar que, al contrario, cuando se observan sus verdaderas implicaciones se abre el panorama de discusión y de temas de interés que tendremos que abordar, como colombianos, en su momento. ¿Cuál será el contenido de este primer acuerdo con las FARC? ¿Cuál será el papel de Colombia en la OCDE? Eso no lo puedo contestar con la información con la que cuento, pero sí puedo afirmar, con optimismo, que en cuestión de tiempo tendré que escribir algún comentario sobre estos dos aspectos, nada contradictorios, sino complementarios. ¡Qué buena noticia!

EN SENTIDOS OPUESTOS

Colombia es un país de divisiones. Una de las muchas que existen la corroboré esta semana: mientras el Estado va por un lado, la sociedad va por el otro. Mientras que el gobierno colombiano está empeñado en adelantar procesos de negociación para facilitar una mayor apertura comercial, una mayor inserción del país en el ámbito internacional y, por lo tanto, mayores opciones de creación de riqueza; los ciudadanos – y sus organizaciones – consideran no solo que esta es una mala decisión, sino que debe ser eliminada.

Ya he hecho referencia a las evaluaciones que se han hecho del TLC con Estados Unidos. Ha sido bien interesante la evolución de las noticias: de enunciación de cifras, percibidas como no tan positivas, pasaron a afirmar que “todo sigue igual” (muchos medios informaron que el TLC no fue la peor decisión pero que tampoco ha generado beneficios (¡!)). Ahora, ya algunos están afirmando que, en efecto, el TLC ha sido lo más dañino para el país. Toda esta evolución a partir de los mismos datos…

Por efectos de actualidad noticiosa, esta semana la oportunidad fue para la Alianza del Pacífico. Mientras que nuestros representantes afirman que ésta es la decisión correcta, los gremios y algunos empresarios consideran que, por esta vía, se va a afectar más la economía nacional (es decir, sus propios intereses). Por su parte, desde la academia se ridiculiza la iniciativa argumentando que el Chocó no es una región desarrollada. Es decir, hasta que no tengamos un país desarrollado, no podemos comerciar con el mundo…¿no será que el razonamiento podría ir en el sentido contrario? Es decir, ¿no será que las regiones atrasadas del Pacífico colombiano podrían verse beneficiadas por un mayor impulso de los intercambios con esa región del mundo? Pero no…así no piensa la “sociedad”.

La cosa no queda allí. Esta semana asistí a una jornada de las denominadas Mesas para la Paz. Éstas son iniciativas que se han venido desarrollando en Colombia y, ahora, en distintos países del mundo con connacionales para incorporar las propuestas de la sociedad civil a la mesa de negociación en curso en La Habana (incorporación que dudo se hará).  En este ejercicio fue cuando más pude corroborar mi percepción: existe una brecha inmensa entre lo que es el Estado y lo que esperan los ciudadanos organizados. Este hecho me ha puesto en un profundo dilema, como liberal, sobre lo que está sucediendo en el país. Comienzo por lo que vi.

De lo que más me pareció interesante en el ejercicio es que en Colombia no tenemos una sociedad civil, sino un gran número de organizaciones que pretenden avanzar sus intereses frente al Estado. Digo esto porque una sociedad civil de carácter liberal es aquella en la que los ciudadanos se organizan para alcanzar sus intereses pero a través del trabajo en conjunto y de la cooperación con otros ciudadanos. En la Mesa de Paz lo que vi, al contrario, es que todas las organizaciones pretenden alcanzar sus objetivos no por un trabajo entre ellos, sino a través de lo que pueden obtener del Estado.  Una demostración de esto es que al ejercicio asistió la comisión de paz de la Cámara de Representantes (que, por cierto, está conformada por los representantes más desconocidos y, peor que eso, menos elocuentes de todo el Congreso). Pero bueno, el punto es que el centro de la discusión eran ellos: los representantes de las organizaciones les hablaban a ellos; estos personajes eran como dioses, como personas diferentes a las que todos querían demostrarles sus capacidades intelectuales y oratorias.

Pero, además, de esta observación, corroboré que, como he dicho muchas veces en este espacio, lo que tenemos en Colombia es captadores de rentas. Las organizaciones de colombianos en el exterior proponían, por ejemplo, ser reconocidos como víctimas del conflicto. Pero, ojo, no solo los exilados, sino TODOS aquellos que viven por fuera deberían ser entendidos como tales, incluso los emigrantes económicos. Lo único bueno de esta propuesta es que, si fuera aprobada algún día (que menos mal no), yo tendría que recibir alguito…

Las organizaciones de estudiantes proponían recibir mayores ayudas y un seguro de trabajo si deciden regresar al país (eso sí, si no se quedan por fuera para, seguramente, recibir la indemnización por ser víctimas de la violencia). Las organizaciones de mujeres, como era de esperarse, exigían una ley por la que fuera obligatorio que el 50%, por lo menos, de todos los puestos del Estado fueran ocupados por sus congéneres. Al fin y al cabo, las mujeres son pacíficas; ellas no hacen la guerra. Las organizaciones de artistas consideraron que el Estado colombiano debe reconocerles unos recursos mensuales por ser representantes de la cultura del país en el exterior. Las organizaciones de víctimas pidieron que el Estado reconozca (y, claro está, indemnice) a todos aquellos que, según ellos, han sido víctimas de miles de genocidios (sí, de genocidios) en el país. Si sumáramos todos los “genocidios” que han existido en Colombia desde la percepción de estas organizaciones, vuelve y juega, todos tendríamos que recibir, aunque fuera una indemnizacioncita…hasta yo. Los representantes de Marcha Patriótica (o, Marcha, como le dicen ellos con cariño) exigieron, no podía ser diferente, una refundación de la patria (¿dónde más he escuchado esto?) a partir de una Asamblea Constituyente.

Otras dos últimas observaciones. En Colombia no existe la cultura del debate: todos tiraban para su lado, hacían sus propuestas y no reaccionaban frente a las que hacían los demás. Si alguien interpelaba algunas de las – absurdas – propuestas, el solo hecho de hacerlo era considerado casi un sacrilegio…y se actuaba en consecuencia. Me imagino que este mismo ejercicio de sumar propuestas sin debatirlas se hizo en la Asamblea Constituyente del 91… ¡ya me queda claro por qué tenemos la Constitución que tenemos!

La última observación es que nunca, nunca se hicieron propuestas para la mesa de negociación en La Habana. En la percepción de las organizaciones presentes en el ejercicio que les cuento, el país se arreglaría con sus propuestas. La pregunta sería: ¿ese es el objetivo del proceso de paz en curso?

En algunos puntos sí estuvieron de acuerdo todos los presentes. Primero, que el Estado colombiano ha sido el culpable de todos los males del país. Segundo, la guerrilla, por su parte, ha sido solo una respuesta, aunque armada, a la que todos los colombianos debemos estarle agradecidos por su consistente trabajo de defensa de nuestros derechos. Tercero, la paz depende de lo que el Estado nos dé a todos y cada uno de los ciudadanos (menos a los ricos y a las élites, ¡eso sí! El Estado no existe para servirlos sino para atacarlos). Cuarto, no es posible alcanzar la paz con el modelo actual…es decir, con el de la apertura comercial o de enfoque en la competitividad. O, mejor, como les gusta decir a todos, aunque ni sepan de qué es que hablan: del modelo “neoliberal”.

Haber constatado lo anterior, como les decía, me generó un dilema, no en el alma, pero sí como liberal. Si bien estoy seguro que la senda que se ha adoptado de apertura comercial es la adecuada y que no existe ninguna otra para la solución de nuestros problemas de pobreza y subdesarrollo, también es cierto que, desde un punto de vista liberal, para ser consistente, tendría que afirmarse que los individuos toman las decisiones que quieren y crean el Estado que quieren. Es decir, en el pensamiento liberal no se puede pensar en “imponer” el liberalismo y menos desde el Estado. Lo que percibo es que en Colombia no existe una sociedad basada en ningún valor liberal, sino todo lo contrario…

Y esto es importante porque, por ejemplo, los TLC no por el hecho de ser firmados o de entrar en vigor generan los beneficios que se esperan, sino que, como cualquier fenómeno social, éstos dependen de las decisiones que toma cada uno de los individuos: los empresarios deben resolver problemas en el día a día y adoptar las acciones que crean convenientes, así como los trabajadores, los estudiantes, los expatriados….El tratado no crea la riqueza, como las leyes no crean la realidad. La riqueza depende de lo que haga cada individuo. Pero si tenemos una sociedad en la que cada uno decide no actuar, sino lamentarse, hacer protestas y acudir al Estado para que le dé recursos, la cosa se complica…se vuelve imposible.

¿Qué debe primar entonces: las decisiones correctas o lo que quieren las mayorías? Si tuviéramos un Estado liberal, esta pregunta no tendría validez: las mayorías se verían restringidas por los límites institucionales de lo que puede hacer el Estado y por la prioridad de la libertad individual. Pero en Colombia no tenemos un Estado de este tipo. ¿Qué debe primar entonces? Debo confesar que temo que vamos hacia lo segundo: cada vez veo más posible que se monte en el poder un gobierno como el que quieren muchos: que implemente un modelo, basado en la sabiduría y la efectividad, como los existentes en Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Ecuador. Mejor aún, un gobierno similar a los exitosos y poco corruptos gobiernos que hemos tenido los últimos tres periodos electorales en Bogotá. Una solución intermedia, considerarían algunos, sería un gobierno tipo Lula en Brasil: es decir, con una gran retórica, muchas expectativas y el resultado, igual que antes. Pero esta solución es la que tenemos hoy, con el gobierno de Juan Manuel Santos, y éste, cada vez enfrenta más problemas. Otra solución: que la división se mantenga por siempre: la sociedad se queja y las autoridades toman algunas decisiones adecuadas que no se aprovechan.

Por mi parte, lo que me parece vital es, por lo menos para futuras generaciones, que promovamos verdaderos debates. Que dejemos de sumar intereses y facciones y que construyamos una sociedad realmente para todos pero a partir de procesos de argumentación y de persuasión. No podemos seguir asumiendo que, porque todos piensan así, están en lo correcto. Esta es mi apuesta.

EUROPA Y SU CRISIS

Europa no sale de la crisis. Esta semana entró oficialmente en recesión Francia mientras que países como España, Grecia o Italia se mantienen en esta condición. Por su parte, en el motor económico de la región, Alemania, persisten unas tasas de crecimiento muy cercanas a cero. En el acumulado, la zona euro se encuentra en recesión.

La discusión se ha concentrado entre los fanáticos de la austeridad y sus críticos que, como Paul Krugman, consideran que la situación no se puede solucionar recortando gastos, sino aumentándolos. En el entretanto, el ciudadano europeo, preocupado por su futuro, se ve bombardeado por los mensajes catastróficos que vienen de las extremas derecha e izquierda que en este continente tienen una gran fuerza política (y la electoral está aumentando también). Las voces liberales, por lo menos yo, no las he escuchado.

Fíjense que el debate de los “expertos”, incluidos los premios nobel de economía, se ha quedado en la solución, mas no en las causas. Por su parte, los políticos de las extremas sí han denunciado las causas. Paradójicamente, entre ambos extremos existe consenso: la culpa es del capitalismo, de la globalización, de la Unión Europea o del neoliberalismo. Los políticos más moderados, en sus distintas vertientes, exigen soluciones específicas: que creación de empleos, que mayor competitividad, que impuestos  más altos para los más ricos, que una mayor independencia de las propuestas de Bruselas (es decir, de las políticas de austeridad que han defendido las autoridades comunitarias, las de la Unión Europea).

Con este panorama, hay varios temas que me parecen interesantes para reflexionar sobre ellos. Primero, las causas de la crisis. Es innegable que en el caso europeo la crisis es de deuda, tanto pública como privada. Es decir, por las razones que sean, o por los actores que sean, estos países han vivido, no sabemos por cuántos años, con recursos de otros. Pero, como suele suceder en el ámbito económico, la fiesta no puede durar por siempre. Algún día, el flujo de recursos tenía que disminuir y los acreedores tenían que comenzar a preocuparse por los recursos que les adeudaban. Frente a esta situación no entiendo por qué los extremistas de derecha consideran que la culpa la tienen los inmigrantes o la libertad comercial generada en el marco de la Unión Europea. Tampoco entiendo la posición de la extrema izquierda que considera – además de la eterna espera que, esta vez sí, desaparezca el capitalismo – que la causa está en las políticas de austeridad.

Sobre esto último, no entiendo las críticas a las políticas de austeridad. No entiendo que los principios económicos que aplican a los individuos y a grupos sociales que van aumentando en número, dejan de tener sentido cuando se habla del Estado. Es decir, cuando se habla de un individuo que, por sobre-endeudarse  y no poder pagar sus deudas, se quiebra, ningún economista, ningún experto (los políticos de pronto sí) le recomendaría seguirse endeudando para pagar en el futuro. Lo mismo sucede en el caso de una pequeña ciudad al interior de un país o de una región. Pero cuando hablamos de estados, algunos de esos economistas consideran que la cosa es diferente: si se endeudan más, por alguna razón mágica, esta vez sí crearán empleo, serán competitivos, recaudarán más y, por lo tanto, podrán pagar las deudas.

Ahora bien, ¿no es injusto que, ahora, vengan a recetar una disminución en los gastos públicos como una forma de salir de la crisis? ¿No es esto injusto con los ciudadanos del promedio? Debo confesar que yo no creo que la solución sean las políticas de austeridad…o, mejor dicho, no son suficientes. Las políticas de austeridad solucionarán, a lo sumo, una situación coyuntural, de la deuda actual, pero no cambiarán la forma como, desde hace muchos años, se han construido las sociedades europeas. Ahí, creo, debería estar la concentración de los políticos y las discusiones de los economistas.

Lo  anterior me permite concentrarme en el tema de la justicia. El famoso grupo de los denominados Indignados se basa en la premisa que es injusto que ahora todos tengan que pagar por las malas decisiones de unos pocos. Esto puede ser cierto en algunos casos puntuales (como en los de los escándalos de algunos bancos o de algunos políticos). Pero, sobre todo en Europa, afirmar esto es olvidar que, por lo menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, todos los miembros de la sociedad de estos países han disfrutado de manera directa de los recursos que estaban llegando a través de deuda. Todos presionaron por la extensión de lo que consideraban como derechos, sin tener en cuenta que eso que solicitaban tenía costos por los que todos pagaban pero q            ue, como las expectativas nunca se satisfacían, llegó el momento en el que comenzaron a financiarse esos supuestos derechos a través de los recursos de otros. En este sentido, las políticas de austeridad no son injustas: son el precio que hay que pagar cuando la fiesta se ha acabado.

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en Europa? La respuesta tendría que ser bastante extensa, pero trato de contestárselas con algunas impresiones que me ha dejado el poco tiempo que llevo acá. Es decir, las siguientes son observaciones que he hecho pero no pueden ser consideradas como respuestas definitivas porque no las he estudiado a profundidad, sino que, como les digo, son impresiones personales.

Creo que los problemas de desempleo, pérdida de competitividad y endeudamiento de las sociedades europeas son reflejo del tipo de relación que éstas tienen con sus estados. Como lo mencioné al principio, ninguna voz liberal he escuchado desde que estoy acá. Así existan debates fuertes, todas las posiciones consideran que la única salvación, así como el único culpable, de todo, es el Estado. Y eso se ve en la vida diaria: regulaciones en todos los sectores, incluso en la producción de pan (¡!). Largos procesos – eternos, desde mi punto de vista – tanto en el sector público como en el privado que dificultan cualquier decisión: desde comprar un celular, hasta la adquisición de un seguro o el acceso a salud.

¿Y el papel de la sociedad, del ciudadano promedio, en todo esto? Creo que es un papel que tiene varias dimensiones. Por un lado, si usted es empresario (o quiere serlo) es mejor pensarlo varias veces: no solo las regulaciones, sino los impedimentos (como el tema de cuántos días y por cuántas horas se trabaja), los impuestos o el estigma social. Por el otro, si usted es trabajador, lo que le quitan se lo devuelven a través de los mal llamados derechos adquiridos. Esto es: de su sueldo, que podría utilizarlo en lo que quisiera, le hacen descuentos para por lo menos una decena de impuestos. Pero, eso sí, usted podrá disfrutar de unas muy largas vacaciones, además de unas jornadas nada extenuantes y con unas condiciones que seguramente son muy benéficas para usted, pero no para los empresarios ni para quienes no tienen empleo.

Pero si usted no tiene empleo, tampoco es que se tenga que preocupar mucho: puede llevar una vida, pobre pero digna. El problema es que a diario se muestran reportajes de cómo la mayoría de personas presentan información falsa para beneficiarse, como si fueran pobres, de la generosidad de los europeos (porque no es del Estado, no hay que olvidarlo. Es de la gente que trabaja o, como demuestra la crisis, del resto del mundo).

Con este estilo de vida, muy deseable para muchos colombianos, tendríamos que estarnos preguntando no por qué es la crisis actual, sino cómo no se presentó antes. Frente a esto, creo que Europa ha tenido una gran capacidad de creación de riqueza (que sus ciudadanos han dilapidado en la consolidación de sistemas que no son sostenibles en el tiempo sino que funcionan como esquemas de Ponzi). Las condiciones están ahí para que recuperen la senda de crecimiento y de alta calidad de vida del pasado pero éstas solo podrán operar hasta que esos mismos ciudadanos cambien, así sea un poco, su visión – y relación – con los estados. Los odios y los extremismos (que están fortaleciéndose), como demuestra la historia, no son la solución, sino el camino equivocado.

¡Y AHORA PARA EL OTRO EXTREMO!

La defensa de algunos derechos se ha convertido en cuestión de moda o de lo políticamente correcto. Muchos de los que están de acuerdo con el matrimonio para todos, lo hacen porque creen que el Estado debe ser “progresista”, otorgarle derechos a ciertos grupos sociales o enseñarnos a ser tolerantes. No lo hacen por estar convencidos que el Estado existe para garantizar derechos, no para crearlos. Esta situación me recuerda, en parte, las palabras de Lord Acton en su ensayo la Historia de la Libertad, en el que señala cómo históricamente los liberales hemos sido una minoría que, las más de las veces, hemos tenido que hacer alianzas con individuos que son abiertamente anti-liberales para lograr introducir algunas de nuestras ideas en la sociedad. No obstante, previene el autor, a pesar de ser útiles en el corto plazo, en el largo estas alianzas generan más problemas en nuestro objetivo de consolidar una sociedad basada en los principios liberales.

Me parece que un ejemplo de esto último se puede ver en el tema social en los últimos tiempos en Colombia: de una sociedad que busca reconocer los derechos que son preexistentes a la ley (y, además, inherentes, imprescriptibles, inalienables, universales y simultáneos) pasamos a una en la que buscamos que todos seamos perfectos, viviendo en una armonía que va a ser garantizada, claro está, cómo podría ser diferente, por nuestro Estado.

En otras palabras, la defensa de los derechos se hace pensando en quedar bien, en verse moralmente aceptable o, en algunos casos, para tener unos votos cautivos. Sin embargo, esta posición, llevada el extremo, resulta siendo absurda. Un ejemplo de esto lo encontré la semana pasada en un reportaje sobre discriminación en las universidades.

Más que un análisis periodístico, ésta es una descripción del sufrimiento de las minorías en el acceso a la educación superior. Dentro de los aspectos absurdos, pero que tienen que decirse porque son políticamente correctos o están de moda, está el que se habla de grupos minoritarios y no de individuos. Es decir, una extensión de la ya clásica visión corporativista. Pero, además, la idea es integrar grupos minoritarios sin importar sus diferencias o realidades particulares. En la misma línea se unen las personas con discapacidades físicas, con la comunidad LGBTI, los indígenas y los afrocolombianos. Así, ser indígena es igual a ser sordo y ser sordo es igual a ser homosexual o negro que, al fin y al cabo, son lo mismo. Este es el problema de la desindividualización que tanto les gusta a ciertas personas (tanto en la derecha como en la izquierda).

Alguien podría decirme que no, que no es que sean lo mismo, sino que todos, sin excepción, sufren de algún tipo de discriminación y que eso es malo. Bueno, vamos por partes. Primero, en el reportaje, como siempre uno se encuentra en este tipo de denuncias, existen casos concretos que no pueden ser asumidos como la generalidad (ese es uno de los problemas del famoso inductivismo que tantos dolores de cabeza nos ha costado en teorías peligrosas para la libertad).

Pero, además, miremos algunos de los problemas que nos aportan. Nos cuentan el caso de una estudiante invidente quien se queja porque tuvo que ingresar a una universidad en la que no tienen  los instrumentos para que ella reciba a tiempo la información, porque no pasó el examen de la universidad pública en la que sí los tienen. ¿Para reducir esta injusticia, ahora, los exámenes de las universidades públicas deben ser menos exigentes para las personas con alguna discapacidad? ¿Debe garantizárseles el ingreso por ser discapacitados? ¿Y la excelencia académica? ¿Este principio no aplica para ciertos grupos? ¿Cómo determinar esos grupos que serán eximidos de estas reglas?

Otro es el caso de una persona con sordera quien no puede comunicarse porque sus compañeros y profesores no conocen el lenguaje de señas. ¿Tienen que todos los profesores y estudiantes de todas las universidades aprender este lenguaje para enfrentar esta eventualidad? ¿Deben las universidades obligar a sus profesores a que sean menos estrictos cuando tengan un estudiante sordo? ¿Lo debe hacer el Estado por ley?

Para ilustrar la discriminación que sufren los otros discapacitados (¡!) (mujeres, indígenas, afrodescendientes y LGBTI), una experta afirma que éstos últimos, de nuevo como grupo, son rechazados, lo que afecta su capacidad para aprender e interactuar, así como su rendimiento académico e, incluso, los lleva a crear conductas suicidas. ¿Cómo pueden las universidades enfrentar la situación de rechazo? ¿Deben, entonces, hacer un censo de estudiantes que pertenezcan a la comunidad LGBTI (como si algo así existiera) y disminuir los estándares de rendimiento o hacerles seguimiento psicológico?

Esta experta, indígena, denuncia, a su vez, cómo en su pregrado no le fue reconocida su lengua como requisito de grado porque se exigía el conocimiento de inglés. ¿Deben eliminarse estos requisitos para los estudiantes indígenas? ¿No será que el saber inglés le garantiza unas competencias que les pueden ser útiles en el futuro? ¿Por qué, entonces, no eliminamos el uso de la segunda lengua y que cada estudiante presente su propio idioma?

Es innegable que en la sociedad colombiana se discrimina, así como en las demás. De eso no existe duda. Pero la pregunta sería cómo hacer para disminuir esos problemas de discriminación. Lo que veo en los casos descritos no es discriminación sino que algunos individuos pretenden, por considerarse diferentes, tener privilegios en el sistema educativo y en su vida en sociedad. Es decir, no aceptan ser ciudadanos colombianos, como los demás, sino que pretenden ser considerados, antes que nada, indígenas, afrocolombianos, LGBTI  o discapacitados.

Pero en los casos de verdadera discriminación, ¿qué se puede hacer? Ya tenemos una ley que la sanciona. ¿Así se puede acabar esta realidad? ¿Se debe sancionar legalmente al que discrimina para que aprenda a no hacerlo? ¿No será que estos y otros privilegios pueden crear más problemas que los que solucionan? ¿No será que, en este caso, por proteger los derechos de algunos, se pasa por encima de los de otros?

Esto último es importante. Claro, como los grupos minoritarios acá mencionados están de moda, no se ve tan clara la implicación. Pero sancionar a las personas por discriminar puede llegar a afectar incluso a quienes se está intentando proteger, en otro sentido: ¿No será que existen indígenas que discriminan a los afrocolombianos? ¿No existen afrocolombianos que discriminan a los homosexuales? ¿No existen homosexuales que discriminan a estos grupos o a las mujeres? ¿Deben ser sancionados por discriminar o es más importante que también, ellos mismos, han sido discriminados? ¿Y qué hacer con quienes no están protegidos por la ley? ¿No existe discriminación contra los hombres blancos? No se debe olvidar que la libertad no puede ser defendida solo para que genere resultados positivos: las personas también tienen derecho a estar equivocados, como han señalado autores como Roger Pilon (The Rigth to do Wrong).

Estoy de acuerdo que una sociedad ideal sería una en la que nadie discriminara a nadie. Que todos viviéramos en armonía. El problema es que ese tipo de sociedad no existe, ni puede existir (además que sería bastante aburrida). Aquellos que discriminan no pueden ser obligados a dejar de hacerlo. Si, por esa discriminación, causan daño físico (o la muerte) a quienes discriminan, claro que deben ser castigados, pero como cualquier asesino o golpeador. Es decir, no se necesita una ley contra la discriminación para castigar este tipo de comportamientos. El que asesina debe ser castigado por lo que hizo no por a quién se lo hizo ¿O es menos grave si se asesina a un blanco? 

Pero el aspecto moral de la discriminación recae, no en el Estado y en su capacidad regulatoria o coercitiva, sino en las relaciones sociales: ahí es donde debe estar la sanción para esos comportamientos negativos. Si usted discrimina, es una mala persona y la sociedad, según sus principios, se lo hará saber. Si usted discrimina en el mercado, allá usted: las pérdidas se lo harán saber.

Más que denunciar estos casos de obstáculos que tienen ciertas personas en el mundo universitario, por sus características físicas, sus orígenes culturales o sus preferencias sexuales, estas personas deberían estar pidiendo, más bien, una educación de calidad, que les sea útil para el futuro y no que todos tengamos que aprender el lenguaje de señas o que las universidades se conviertan en perseguidoras de quienes tienen prejuicios de cualquier tipo contra los que consideran diferentes.

ERA CUESTIÓN DE TIEMPO

Ya comenzaron. Era obvio, con la fuerte oposición que han tenido las negociaciones de los TLC desde que se han iniciado las negociaciones e, incluso, desde que se planteó la posibilidad de adelantar una negociación. Los diagnósticos están prefabricados: Colombia va a ser el perdedor en todos los sectores, con todos los países del mundo. No podemos esperar para hacer mediciones en un periodo de tiempo aceptable, sino que ya aparecen, cada vez más, noticias que reportan lo mal que nos está yendo con los tratados que hemos firmado, en particular, con los Estados Unidos. Y, claro está, de ahora en adelante todos los problemas económicos – reales o percibidos – del país tendrán como causa los acuerdos comerciales.

Dos ejemplos esta semana. Por un lado, en Portafolio aparece una noticia en la que se alerta sobre la impresionante caída de las exportaciones en marzo de este año. Por el otro, un columnista pide la unión de todos los sectores del país (no de los individuos, sino de los sectores, de los grupos) para reemplazar el actual tipo de gobierno por uno de izquierda democrática.

Vuelve y juega. Las cifras son peligrosas en tanto su presentación se usa para mostrar una posición que ha sido creada desde antes. Los números, por sí mismos, no permiten llegar a ninguna conclusión. En el artículo de Portafolio esto es evidente. Primero, es un artículo bien confuso: habla de caídas en cantidades y, luego, las mezcla con las caídas en ventas; lo mismo sucede en los periodos analizados; lo mismo cuando hace referencia a los sectores y a los destinos de las exportaciones.

Afirma, que existe una caída (¡Y aportan los porcentajes!) para todos los sectores productivos cuando se comparan las ventas entre marzo del año pasado y el mismo mes en 2013. ¿Esa comparación se puede hacer así y, además, afirmar que existe una caída? ¿Las ventas de hoy no son diferentes a las anteriores o éstas son acumulativas? Como, en efecto, las ventas de hoy no son comparables con las del pasado, a lo sumo lo que se puede afirmar con las cifras aportadas es que disminuyó el crecimiento, pero no las ventas.

Posteriormente, se dice que la caída más pronunciada (21,3%), por encima del total, es la de ventas a los Estados Unidos (¡Claro! El TLC no funciona….no puede funcionar). Sin embargo, en el siguiente párrafo muestra que las caídas a todos los demás países (España – 66%, Chile – 59,9%, Reino Unido – 44,9% y Brasil – 47,2%) son mucho mayores. Pero, igual, la más pronunciada, confirma, es a los Estados Unidos.

Como es obvio, la idea no es mirar las razones de las supuestas caídas (o, mejor, de la disminución en el crecimiento). La razón queda implícita: la existencia de un TLC. Sin embargo, esta razón no tendría peso si se tienen en cuenta, como también muestran en el artículo, los únicos países con los que se incrementa el comercio – Alemania y China. Es decir, la caída no puede ser la existencia de un TLC puesto que, de todos los países con los que disminuyó el crecimiento en las ventas, solo con Estados Unidos y con Chile tenemos tratados vigentes. Pero, además, los dos países con los que se fortalecieron las relaciones comerciales son países que, en sus respectivas regiones, se han visto menos afectados, en términos comparativos, por la actual crisis financiera. ¿No será que ésta será, de pronto, la causa de la disminución en las ventas y, por lo tanto, ésta es coyuntural? Pero este tipo de reflexiones no son importantes: lo importante es crear alarma en los lectores y, claro está, exigir un cambio en la dirección económica del país.

Pero antes de pasar a este punto, el artículo finaliza mostrando que, en las ventas a los Estados Unidos – el país donde más cayeron las exportaciones (¿?) – los sectores que más se vieron afectados son los de las flores, frutas, café y combustibles. Es decir, los sectores que, sin duda alguna, son ganadores con los TLC puesto que, incluso desde antes de las negociaciones, eran los que mayor capacidad exportadora tenían. ¿No será, entonces, que lo que se está presenciado es un cambio en la canasta exportadora del país hacia una mayor diversificación? Pero no, este tipo de reflexiones no se hacen en los diarios como Portafolio: no hay espacio…

Para lo que sí hay espacio, con este panorama de cifras confusas y de conclusiones alarmistas, sin mayor reflexión, es para que los formadores de opinión encuentran la causa del malestar social: la política comercial del país. En su columna, Rodolfo Arango parte de dos razonamientos. Primero, que todos los grupos (cacaoteros, cafeteros, estudiantes, etc.) están en contra de los TLC. Segundo, que, por eso, tenemos que cambiar de gobierno para “renegociarlos”. Ni un solo razonamiento en el que muestre por qué hay tantas movilizaciones (como la hipótesis de que son captadores de rentas) o en el que nos explique si todo lo que quieren las mayorías, debe hacerlo el Estado (como prohibir el aborto, por ejemplo, o perpetuar en el poder a Álvaro Uribe).

Igual, el punto es que “la gente” está en contra de los TLC y, por lo tanto, el Estado tiene que renegociar los acuerdos. Tampoco explica qué quiere decir por “renegociar”. Más adelante habla de hacer respetar los intereses de los pobladores, de satisfacer las necesidades de lucha contra la pobreza y la desigualdad, de evitar el saqueo de los recursos naturales y humanos, de adelantar negociaciones de paz (porque confunde el tema de las negociaciones de paz con las de comercio….pero bueno) y comerciales que lleguen a un “puerto más digno y seguro”  y de recuperar la educación pública “digna, con amor propio, de calidad, justa y equitativa”.

¿Cuál de todos estos temas se deben incluir en el proceso de renegociación? Es decir, tenemos que sentar a los países de la – casi fallecida – CAN, a Chile, a Estados Unidos,  a la Unión Europea y a otros cuantos y decirles: tenemos que cambiar el TLC. Ahora, vamos a incluir la lucha contra la pobreza y la desigualdad. O, mejor, vamos a incluir en el preámbulo algo tan claro y poco confuso como la dignidad nacional. O, mejor, vamos a estipular, en los TLC, que el gobierno colombiano va a proveer educación pública digna (otra vez…todo es dignidad), con amor propio (¿la educación se va a querer a sí misma?), de calidad (como si ésta se lograra por decreto), justa y equitativa. ¿Esto es lo que este columnista propone “renegociar”? ¿No se deben tomar estas decisiones al interior del Estado? ¿Negociarlo con socios comerciales no sería una pérdida de…dignidad? A mí me parece que, como en el pasado lo he dicho, el uso del término renegociación es un eufemismo para pedir que el próximo gobierno acabe con los TLC. Es decir que adoptemos una política exitosa, digna y que genera desarrollo, como ha demostrado la experiencia, basada en el proteccionismo.

Y me parece que esto es lo que espera, no solo este columnista sino muchos otros colombianos, porque, como él afirma, en su visión, los TLC irrespetan los intereses de los pobladores, acaban con los recursos naturales y humanos (no sé qué querrá decir con esto último) y, sobre todo, acaban con nuestra dignidad, algo que parece ser determinante en la visión de este señor.  ¿Cómo se irrespetan los intereses de los pobladores? ¿No será que, de pronto, se afectan los intereses de algunos que han estado protegidos por el Estado? ¿No será esa protección la que lleva a la desigualdad y la pobreza? Pero no, son los TLC los que han creado todos estos problemas en el país.

¿Se acaban los recursos naturales? ¿Estos no son depredados por la ineptitud del Estado, con o sin TLC? ¿O por la corrupción? ¿En realidad, los TLC son los que van a acabar con los recursos naturales en el país? Esta visión, mayoritaria, pierde de vista cuál es la mejor forma de proteger el medio ambiente: el Estado ha demostrado su incapacidad una y otra vez. Sobre el saqueo de recursos humanos no sé qué decir: ¿propone este columnista que los colombianos no puedan salir de su país y buscar su propio destino en otro? O, ¿considera este autor que los TLC, literalmente, acaban con vidas humanas? Si es esto último, la visión radical que se disfraza con palabras como “renegociación” se hace evidente.

Por último, el tema de la dignidad. Desde mi perspectiva, la dignidad en un atributo del individuo en tanto, por un lado, lo reconoce como tal, dotado de libertad, y, por el otro, le permite interactuar con sus semejantes en igualdad de condiciones (algo así como la estima social de la que habla el premio nobel en economía, Oliver Williamson). Pero para este pensador, la dignidad es un atributo colectivo. ¿Cómo se define ésta? Como la definición puede hacernos quedar en el plano de las especulaciones sobre lo que este señor quiere realmente decir, lo único que puedo afirmar es que, según la lectura de lo que él dice, la dignidad nacional es posible en tanto no existan TLC. Es decir, llevado al extremo, seremos realmente dignos cuando no tengamos que importar nada del resto del mundo pero que sí podamos vender muchos bienes, claro está, de nuestros sectores protegidos.

El incremento de las movilizaciones en el país las tenemos que ver como lo que son: grupos que buscan captar rentas y obtener beneficios a costa de los demás. Las variaciones en las cifras tenemos que discutirlas como lo que son: fenómenos coyunturales que pueden tener muchas causas y que dependen también de los ciclos económicos. Creo que estos hechos se están perdiendo de vista y, en el imaginario colectivo se están creando las bases para que, en un futuro no muy lejano, adoptemos políticas que, es mejor dejarlo claro, no han sido exitosas, ni pueden serlo, como las existentes en algunos países vecinos. Ojalá me equivoque, aunque lo sucedido desde hace más de una década en el caso bogotano, no me deja mucho lugar al optimismo. Mientras sigamos creyendo que existen rutas milagrosas para acceder a la riqueza y que podemos evitar el esfuerzo individual y el trabajo en cooperación para alcanzar nuestros objetivos, siempre existirá el peligro de seguir cometiendo errores…errores de los que, seguramente después, autores como Arango culparán a la corrupción, a algunas manzanas podridas o a una conspiración de la CIA. No es mucho lo que hemos avanzado…ojalá no sea el deseo de la población colombiana acabar con lo poco que hemos hecho.

MÁS ALLÁ DE NUESTRA CLASE POLÍTICA: UNA MIRADA A OTROS SECTORES EN EL PAÍS

La semana pasada me pidieron referirme a otros actores y no solo a la clase política colombiana. Atendiendo esa solicitud, hoy hablaré un poco sobre esos otros actores de los que, seguramente, esperan que hable: los empresarios y los banqueros colombianos. Esto a propósito de tres noticias de esta semana: el apoyo de los gremios al Programa de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), la publicación de las ganancias del Grupo Aval y la resistencia a la baja de las tasas de interés (que tiene muy preocupado al gobierno…pero de éste no voy a hablar hoy).

Para cumplir con las expectativas, podría comenzar diciendo que los empresarios son explotadores, inhumanos y que solo piensan en sus ganancias (hasta se podría decir que son los culpables de que no exista empleo formal, como, descaradamente, denunció el dirigente de la CUT…pero de sindicatos no voy a hablar hoy: ellos son los buenos). Y podría seguir afirmando que los banqueros son peores: lo mucho que ganan…y no comparten. Y, fuera de todo, no ceden un poco en el tema de la tasa de interés…qué inhumanos: ¿por qué no dejar las tasas en 0%? Al fin y al cabo, ¿para qué sirven éstas y esos, sino para robarle sus recursos a aquellos que piden préstamos porque los mismos bancos los obligan? Si fueran buenos, le darían los recursos a los más necesitados…¿o no?

Pero como mi idea no es cumplir con las expectativas, no diré nada de lo anterior. La importancia de los empresarios es capital (el uso del término no es una coincidencia) en un sistema capitalista: como han demostrado los autores de la Escuela Austriaca, los empresarios son aquellos que hacen pagos anticipados a los demás agentes del mercado (trabajadores y productores de bienes de capital) y, además, son aquellos que, por cualquier motivación (siendo una de ellas el ánimo de lucro), buscan anticipar los deseos de los consumidores… a veces se equivocan, mientras que otras tienen éxito: de esto dependen sus ganancias.

Por su parte, los bancos, en un sistema capitalista, también son esenciales porque intermedian la transferencia de recursos de aquellos, que sacrifican su consumo hoy por consumo futuro, a aquellos que quieren consumir inmediatamente o a quienes, como los empresarios, deciden proveer de bienes o servicios a una parte de los individuos. Sobre la tasa de interés, tendré que hablar después, pero por ahora podría decir que, como todos los precios, refleja, en parte, la valoración subjetiva que hacen los individuos sobre un bien (en este caso, el dinero líquido) que consideran importante para adelantar sus objetivos inmediatos.

¡Sacrilegio! ¿Cómo puedo afirmar semejantes cosas de quienes, está demostrado, son malos? ¿No ve que tienen mucha riqueza? ¿No ve que son indolentes con los pobres? ¿No ve que tienen ganancias? Pues bien, afirmo lo anterior porque esa es la importancia de unos y de otros en un sistema capitalista….pero estamos hablando de Colombia (aunque se podría hacer el ejercicio pensando en muchos otros países). Debo decir que la mala imagen que tienen los empresarios y los banqueros de nuestro país parte de ideas equivocadas (es el reflejo de las nociones marxista y keynesiana), pero refleja algo un problema real: ni nuestros empresarios son empresarios, ni nuestros banqueros son banqueros.

Nuestros empresarios no anticipan los deseos de los consumidores, ni quieren tomar riesgos. Nuestros banqueros no transfieren los recursos de quienes se sacrifican en el presente a quienes quieren invertir (o gastar) hoy. En ambos casos, el comportamiento, como lo he señalado para otros sectores en el pasado, es de grupos de interés. En este sentido, ninguno de los anteriores puede ser considerado como capitalista. Por el contrario.

Por eso es que tenemos que hablar de gremios y no de empresarios. Lo que existen son asociaciones de personajes que se hacen pasar por empresarios pero que, en realidad, viven de lo que puedan sacar del Estado: de ayudas, de prebendas, de contactos…y de nombramientos. Ante cualquier problema, exigen la implementación de un PIPE o de cualquier otro programa de ayuda estatal. Por eso es que hablamos de conglomerados financieros: ¿cómo se puede hablar de competencia financiera? Lo que tenemos es personajes que juegan el papel de banqueros, pero que viven de la protección – directa e indirecta – que les provee el Estado (pero no iba a hablar del Estado: hoy no).

El problema en Colombia es que tanto los imitadores de empresarios como los que lo son de banqueros han alcanzado su objetivo de mantenerse protegidos, de no competir y de obtener privilegios…y todo, con el apoyo de las mayorías, incluso, de quienes los critican.

El problema no es si ganan o no ganan: eso depende, en ausencia de ayuda externas, de la habilidad del empresario mismo de anticipar los cambios en los deseos de los consumidores. Alguien dirá que no es eso lo que se critica, sino lo mucho que ganan. Pues bien, ¿cuánto deberían ganar? ¿Cuánto es mucho? ¿Qué deberían hacer con sus ganancias? Otros podrían decir que el problema es que son inhumanos o explotadores. Existen casos en los que esto es cierto y otros en los que no. Hay empresarios amables y otros que no lo son. Algunos no se preocupan por sus empleados y otros sí. ¿Todos tendrían que ser iguales? ¿Cuál es la solución para los que tienen esos comportamientos indeseables? ¿Más inspectores del Ministerio que, como muestra la experiencia, son incapaces de dejarse sobornar? (Aunque no estoy hablando del Estado hoy). Otros más podrían decir que no, que eso tampoco es lo que critican: el problema es que no crean empleo. ¿La solución para esto es decirles que lo hagan? ¿Obligarlos? ¿Darles más privilegios?  

Por su parte, además de las anteriores, podría criticársele a los bancos que no bajan las tasas de interés: ¿En cuánto tienen que quedar éstas? Por eso había mencionado que se podría dejar las tasas en 0%: ¿ahí sí serían buenos? ¿Se solucionan los problemas? ¿No se genera ningún efecto adicional? O podría decirse que es el colmo que una persona tenga el control sobre una cantidad importante de los bancos en el país: ¿Deberían expropiárseles, como hacen en países vecinos? (Pero no digo más sobre esos países porque, igual, siguen demostrando su estabilidad política y su alto nivel de desarrollo)  ¿Se deberían crear más bancos públicos, como antes de la crisis de los años 90? ¿O que éstos lideren la baja en las tasas de interés? (Ah, pero eso ya lo están haciendo…vamos a ver en qué termina esta no-intervención, pero del Estado no hablo hoy).

¿Cuáles son las críticas que les podemos hacer? Como ya señalé, el problema es que no cumplen sus funciones, sino que se han convertido en grupos de interés, en captadores de rentas, como la mayoría de sectores organizados en el país.  

Lo sorprendente de todo esto es que, en ese caso, tendríamos que estar abogando por una mayor apertura, por mayor competencia, para que nuestros empresarios y banqueros pierdan los privilegios de los que han gozado hasta hoy (y que seguirán haciéndolo, por lo visto). Pero no, aquellos que critican a estos individuos, paradójicamente, son los que están en contra de los Tratados de Libre Comercio o de la llegada de más bancos. En últimas, ninguno es capitalista (o, por lo menos, no de tipo liberal): todos consideran que es a través del proteccionismo (y, otros, del Estado mismo) que podremos superar los problemas de pobreza, exclusión y desempleo (o de empleo informal) en el país. Lamentablemente, por esa vía la solución nunca llegará.