Archivos Mensuales: marzo 2014

La decisión y los contra-argumentos: todo equivocado

La decisión del presidente Juan Manuel Santos de no acoger la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la concesión de medidas cautelares al exalcalde de Bogotá, Gusto Petro, me parece una mala decisión por dos razones. Por un lado, porque al ser una decisión política tiene menos legitimidad frente a la opinión pública que si hubiera tenido lugar la revocatoria. Por el otro, porque sienta un muy mal precedente, ya que este tipo de medidas, sin importar su contenido, limitan al Estado y protegen a los individuos.

Sin embargo, la indignación que la decisión generó en muchos intelectuales y analistas resulta un poco exagerada, así como fuera de contexto, equivocados o irrelevantes son algunos de los argumentos que se han esgrimido en su contra. A continuación discuto algunos de ellos.

Primero, se dijo que el presidente traicionó los principios de la política exterior colombiana. Esto es cierto en parte. Pero, no se debe olvidar que esos no son principios objetivos, sino que fueron los que percibieron unos autores hace algunos años. Es más, son contradictorios entre sí. Por ejemplo, se habla del apego irrestricto al derecho internacional público (DIP) mientras que se critica que no hay una política de Estado, sino de gobierno y, por lo tanto, cambiante cada cuatro (u ocho) años.

Pero más allá de que sean unas características que le han adscrito al comportamiento internacional del país, la verdad es que éste no fue un fallo, sino una sugerencia. Es decir, el gobierno colombiano no incumplió ninguna norma del DIP. Al contrario, aprovechó las existentes. Pero esto no lo aceptan los intelectuales colombianos, tan románticos e idealistas.

¿Qué la Corte Constitucional había dicho, en una sentencia, que estas recomendaciones se convertirían en obligatorias para el caso colombiano? Seguramente, iniciará un proceso en contra de la decisión. Pero, además, esta parte del argumento olvida que todo este drama comenzó porque, precisamente, el Estado colombiano ha creado un sistema jurídico tan complejo, idealista y detallado que resulta inútil y generador de conflictos (en lugar de solucionarlos). El Procurador sancionó a Gustavo Petro porque tenía la potestad y éste armó semejante espectáculo porque sus abogados encontraron todas las leguleyadas posibles para frenarlo.  

Segundo, otros dicen que la decisión pone en muy mal lugar a Colombia en el ámbito internacional.  Pero, ¿cuándo ha ocupado un buen lugar? Es cierto que la construcción de una reputación internacional es importante para la inserción de los países. Pero, así no les guste escuchar a nuestros intelectuales, tan románticos e idealistas, esa reputación no se construye porque se tenga un comportamiento ejemplar, sino porque se tengan atractivos (percibidos o reales). Uno de ellos es la economía, por ejemplo. Y la colombiana está mejorando. Así que son falsos y absurdos comentarios que vi en las redes como que Colombia pueda, por esta decisión, ser considerado un país paria, un rogue state o un estado fallido. Decir eso no es serio o demuestra una gran ignorancia de lo que está pasando y de cómo funciona el ámbito internacional.  

Tercero, se dijo que el respeto del DIP es el “arma de los débiles”. ¿Y? Lo importante del sistema regional de derechos humanos (coordinado por la Organización de Estados Americanos y compuesto por la CIDH y la Corte) no es que sea un arma para el Estado, sino una limitación de sus excesos. Además, repito,  así no les guste a nuestros intelectuales, tan románticos e idealistas, lo que se emitió fue una recomendación, pero no un sentencia. Eso sucederá si el caso pasa a la Corte, que tiene funciones judiciales y no solo políticas, como la CIDH. Allí el Estado colombiano ha sido condenado y ha cumplido. En caso de que no cumpliera un hipotético fallo sobre este caso, ahí sí podríamos hablar de irrespeto al DIP.

Cuarto, también se afirmó que la decisión demuestra que los derechos políticos no le importan al gobierno. Esto sí que generó indignación en nuestros intelectuales, tan románticos e idealistas. ¿Cómo es posible que se desprecien los derechos políticos, algo tan sagrado? Interesante es que esos mismos intelectuales que tanto lloran por los “derechos políticos” (así, en abstracto, sin explicarnos, exactamente, a quién y cómo se les violaron), ni se inmutan cuando se violan los derechos económicos. Como el de propiedad, por ejemplo. Al contrario, ahí sí celebran.

Sexto, se consideró que la negativa de Colombia debilita a la OEA. ¿De verdad? ¿Somos tan parroquiales como para pensar que porque no acatamos unas recomendaciones de la CIDH estamos debilitando a la OEA? Pero, además, ¿es que estaba muy fuerte? La OEA desde hace muchos años ha estado desprestigiada; es inútil. Más daño le hace hoy a la organización su inacción frente a la situación en Venezuela.  

Séptimo, en las redes sociales encontré varias expresiones de inconformidad por la decisión que degeneraron en lo de siempre: que en Colombia no hay democracia, que no hay estado de derecho, etc.  Por lo menos, en esto parece haber consenso. Todos se quejan por lo mismo: los uribistas, los izquierdistas radicales, los petristas, los del partido verde, etc., etc. Interesante es que sigue diciéndose que no existe democracia y todos participan, expresan sus ideas y críticas y, lo más importante, no son víctimas de violencia directa por ello. Incluso, llegan al poder. Es decir que hemos avanzado, sin negar lo mucho que falta. ¿No es eso algo positivo? Para los colombianos, tan auto-críticos e inconformes, seguro la respuesta es no. Para nosotros siempre estamos peor, somos inviables, vamos en proceso de destrucción.

¿Que lo de Petro fue una persecución? Es posible. Pero igual persisten mecanismos judiciales para que él demuestre la injusticia cometida. Por su parte, que el gobierno no haya aceptado unas recomendaciones no creo que acabe con toda la institucionalidad existente. Fíjense que el problema es el exceso de institucionalidad y no la falta de ella. La telenovela en la que se convirtió el caso Petro demuestra es que hay un exceso de instrumentos legales y no su falta.

En último lugar, los que consideran que no hay estado de derecho confunden el DIP con el ámbito doméstico. En el internacional, no existe el principio del imperio de la ley. Sería ideal que existiera pero no es así. Por eso, tal vez, nuestros intelectuales, tan románticos e idealistas, confunden sus deseos con la realidad.

COMENTARIO ADICIONAL. No crean que olvidé que les había prometido mis comentarios sobre los resultados de PISA y la complejidad del sistema educativo. Despacio, pero voy avanzando. 

 

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