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La decisión y los contra-argumentos: todo equivocado

La decisión del presidente Juan Manuel Santos de no acoger la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la concesión de medidas cautelares al exalcalde de Bogotá, Gusto Petro, me parece una mala decisión por dos razones. Por un lado, porque al ser una decisión política tiene menos legitimidad frente a la opinión pública que si hubiera tenido lugar la revocatoria. Por el otro, porque sienta un muy mal precedente, ya que este tipo de medidas, sin importar su contenido, limitan al Estado y protegen a los individuos.

Sin embargo, la indignación que la decisión generó en muchos intelectuales y analistas resulta un poco exagerada, así como fuera de contexto, equivocados o irrelevantes son algunos de los argumentos que se han esgrimido en su contra. A continuación discuto algunos de ellos.

Primero, se dijo que el presidente traicionó los principios de la política exterior colombiana. Esto es cierto en parte. Pero, no se debe olvidar que esos no son principios objetivos, sino que fueron los que percibieron unos autores hace algunos años. Es más, son contradictorios entre sí. Por ejemplo, se habla del apego irrestricto al derecho internacional público (DIP) mientras que se critica que no hay una política de Estado, sino de gobierno y, por lo tanto, cambiante cada cuatro (u ocho) años.

Pero más allá de que sean unas características que le han adscrito al comportamiento internacional del país, la verdad es que éste no fue un fallo, sino una sugerencia. Es decir, el gobierno colombiano no incumplió ninguna norma del DIP. Al contrario, aprovechó las existentes. Pero esto no lo aceptan los intelectuales colombianos, tan románticos e idealistas.

¿Qué la Corte Constitucional había dicho, en una sentencia, que estas recomendaciones se convertirían en obligatorias para el caso colombiano? Seguramente, iniciará un proceso en contra de la decisión. Pero, además, esta parte del argumento olvida que todo este drama comenzó porque, precisamente, el Estado colombiano ha creado un sistema jurídico tan complejo, idealista y detallado que resulta inútil y generador de conflictos (en lugar de solucionarlos). El Procurador sancionó a Gustavo Petro porque tenía la potestad y éste armó semejante espectáculo porque sus abogados encontraron todas las leguleyadas posibles para frenarlo.  

Segundo, otros dicen que la decisión pone en muy mal lugar a Colombia en el ámbito internacional.  Pero, ¿cuándo ha ocupado un buen lugar? Es cierto que la construcción de una reputación internacional es importante para la inserción de los países. Pero, así no les guste escuchar a nuestros intelectuales, tan románticos e idealistas, esa reputación no se construye porque se tenga un comportamiento ejemplar, sino porque se tengan atractivos (percibidos o reales). Uno de ellos es la economía, por ejemplo. Y la colombiana está mejorando. Así que son falsos y absurdos comentarios que vi en las redes como que Colombia pueda, por esta decisión, ser considerado un país paria, un rogue state o un estado fallido. Decir eso no es serio o demuestra una gran ignorancia de lo que está pasando y de cómo funciona el ámbito internacional.  

Tercero, se dijo que el respeto del DIP es el “arma de los débiles”. ¿Y? Lo importante del sistema regional de derechos humanos (coordinado por la Organización de Estados Americanos y compuesto por la CIDH y la Corte) no es que sea un arma para el Estado, sino una limitación de sus excesos. Además, repito,  así no les guste a nuestros intelectuales, tan románticos e idealistas, lo que se emitió fue una recomendación, pero no un sentencia. Eso sucederá si el caso pasa a la Corte, que tiene funciones judiciales y no solo políticas, como la CIDH. Allí el Estado colombiano ha sido condenado y ha cumplido. En caso de que no cumpliera un hipotético fallo sobre este caso, ahí sí podríamos hablar de irrespeto al DIP.

Cuarto, también se afirmó que la decisión demuestra que los derechos políticos no le importan al gobierno. Esto sí que generó indignación en nuestros intelectuales, tan románticos e idealistas. ¿Cómo es posible que se desprecien los derechos políticos, algo tan sagrado? Interesante es que esos mismos intelectuales que tanto lloran por los “derechos políticos” (así, en abstracto, sin explicarnos, exactamente, a quién y cómo se les violaron), ni se inmutan cuando se violan los derechos económicos. Como el de propiedad, por ejemplo. Al contrario, ahí sí celebran.

Sexto, se consideró que la negativa de Colombia debilita a la OEA. ¿De verdad? ¿Somos tan parroquiales como para pensar que porque no acatamos unas recomendaciones de la CIDH estamos debilitando a la OEA? Pero, además, ¿es que estaba muy fuerte? La OEA desde hace muchos años ha estado desprestigiada; es inútil. Más daño le hace hoy a la organización su inacción frente a la situación en Venezuela.  

Séptimo, en las redes sociales encontré varias expresiones de inconformidad por la decisión que degeneraron en lo de siempre: que en Colombia no hay democracia, que no hay estado de derecho, etc.  Por lo menos, en esto parece haber consenso. Todos se quejan por lo mismo: los uribistas, los izquierdistas radicales, los petristas, los del partido verde, etc., etc. Interesante es que sigue diciéndose que no existe democracia y todos participan, expresan sus ideas y críticas y, lo más importante, no son víctimas de violencia directa por ello. Incluso, llegan al poder. Es decir que hemos avanzado, sin negar lo mucho que falta. ¿No es eso algo positivo? Para los colombianos, tan auto-críticos e inconformes, seguro la respuesta es no. Para nosotros siempre estamos peor, somos inviables, vamos en proceso de destrucción.

¿Que lo de Petro fue una persecución? Es posible. Pero igual persisten mecanismos judiciales para que él demuestre la injusticia cometida. Por su parte, que el gobierno no haya aceptado unas recomendaciones no creo que acabe con toda la institucionalidad existente. Fíjense que el problema es el exceso de institucionalidad y no la falta de ella. La telenovela en la que se convirtió el caso Petro demuestra es que hay un exceso de instrumentos legales y no su falta.

En último lugar, los que consideran que no hay estado de derecho confunden el DIP con el ámbito doméstico. En el internacional, no existe el principio del imperio de la ley. Sería ideal que existiera pero no es así. Por eso, tal vez, nuestros intelectuales, tan románticos e idealistas, confunden sus deseos con la realidad.

COMENTARIO ADICIONAL. No crean que olvidé que les había prometido mis comentarios sobre los resultados de PISA y la complejidad del sistema educativo. Despacio, pero voy avanzando. 

 

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El caso Petro: tareas pendientes en Colombia

La decisión del Procurador General, Alejandro Ordoñez, de destituir e inhabilitar al Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, demuestra muchas de las tareas pendientes – y urgentes – que tenemos en Colombia para avanzar en el eterno proceso de construcción de sociedad.  

Primero,  se hizo evidente la necesidad de delimitar y de definir las funciones del Estado y de sus órganos. No solo es la falta de claridad sobre si el Procurador se extralimitó en sus funciones. Tampoco son claros los casos en los que un representante elegido en las urnas puede ser destituido por un ente de control o por una decisión judicial. Mucho menos está definida la delgada línea entre el acatamiento de una sentencia y la posibilidad de manifestar su desacuerdo por parte del funcionario afectado. Ni qué hablar de la potestad que tiene un funcionario elegido de convocar a manifestaciones públicas para ser defendido por las mayorías o del uso que se le puede dar a los canales de televisión locales financiados con recursos públicos y cuya autonomía editorial no está clara.

Todo esto se evidenció en este caso, pero existen muchos otros en los que no están definidas ni las funciones, ni los alcances que tienen los órganos del Estado. De hecho, cada vez que existe una decisión sobre el desempeño de algún funcionario se crea un profundo debate entre juristas del país sobre las normas que permiten o no la ejecución de tal decisión.

Por lo anterior, el país está en mora de establecer funciones definidas, claras, transparentes que establezcan lo que se puede o no hacer y las actuaciones tanto de los funcionarios como de los órganos que representan. Y esto, déjenme decirles, es otra forma de decir que necesitamos de manera urgente un proceso de limitación del Estado.

Precisamente, la incertidumbre que existe sobre este aspecto dio lugar a las suspicacias que, en este caso, llevaron al escalamiento del movimiento ciudadano en defensa del Alcalde Petro. Por ello, es que la decisión se ha considerado como un ataque de la “extrema-derecha” o como un ejemplo de la supuesta falta de democracia en el país. Siempre que se toma una decisión judicial o disciplinaria algún grupo o conjunto de grupos sociales se siente excluido o perseguido.

Esto último, a su vez, demuestra un segundo aspecto faltante en Colombia. Éste tiene que ver con la definición de los principios generales, de las reglas básicas sobre las cuales nos podemos construir como sociedad y que facilitan el control de la violencia y la consecución del bienestar.

En general, esta tarea se ha reducido a la supuesta necesidad de definir un objetivo común; a la construcción de nación. Sin embargo, esta forma de abordar el tema es equivocada, como lo demostró Friedrich Hayek en su obra Derecho, Legislación y Libertad. No existen objetivos comunes a toda la sociedad. Cada individuo define sus propios objetivos y, para alcanzarlos, coopera con sus semejantes a través de la creación de organizaciones. Pero no existe posibilidad de que todas las organizaciones compartan los mismos fines.

En consecuencia, lo único que se puede hacer es tratar de verbalizar las reglas generales a través de las cuales esos individuos y sus organizaciones han interactuado en la sociedad. En esta tarea pendiente no es necesaria la creación de esas reglas, sino simplemente el reconocimiento de las prácticas sociales ya existentes y que han servido para mantener, así sea de manera muy frágil, nuestra sociedad.

Las dos anteriores tareas pendientes plantean otro desafío. Nuestros legisladores se han dedicado a producir normas para regular todos los aspectos de la vida individual y social, pero no han cumplido las tareas que les dan su razón de ser a los órganos legislativos.

Por un lado, en Colombia contamos con regulaciones (leyes, las llaman) que afectan las decisiones económicas, la creación de organizaciones, los bienes que se consumen, la discriminación, las bebidas alcohólicas, el cigarrillo…Escojan ustedes el tema y encontrarán alguna disposición “legal”. Por otro lado, no obstante, no contamos con transparencia ni claridad sobre cuáles son los principios generales que nos permiten vivir en sociedad ni, mucho menos, sobre los límites que tiene el Estado y sus funcionarios.

¡El mundo al revés! Nuestros legisladores se han dedicado a regular nuestra vida en todos los aspectos pero han dejado de lado la limitación del poder estatal.   

Tal vez todo lo anterior se deba a la última tarea pendiente a la que quiero hacer referencia. Colombia sigue siendo una sociedad corporativista. No tenemos una noción de sociedad incluyente porque despreciamos la noción de individuo. Nos hemos quedado, como lo hacen las sociedades no evolucionadas, en la existencia de grupos que buscan controlar el poder para beneficiar a sus propios miembros. A los demás, los eliminan. Y, ojo, esto no lo hace únicamente la “extrema-derecha”. La Alcaldía de Petro se ha presentado como una reivindicación de algunos sectores sociales en contradicción con otros y no como al servicio de todos. En el mismo sentido, las movilizaciones que han salido en su defensa se presentan en oposición a quiénes consideran son sus enemigos.

Con todo lo dicho, el caso de Petro, termine como termine, no es tan negativo como se ha percibido. Creo que estamos en una coyuntura privilegiada en la que se han hecho evidentes las tareas que tenemos pendientes como sociedad. Y existen mecanismos para adelantarlas. No se trata, como han pretendido algunos, de nombrar, en las próximas elecciones, personas que se consideran superiores moral o intelectualmente, sino a quiénes demuestren la capacidad de cumplir con las tareas que se requieren.

No se trata, entonces, de crear una sociedad perfecta a través de la ley, sino de utilizar la ley para lo que realmente sirve. Los ciudadanos tenemos que responsabilizarnos por el importante papel que jugamos en ese proceso y dejar de creer en la existencia de fórmulas mágicas sobre lo que es la sociedad. No podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad: tal desperdicio del voto es lo que han demostrado los ciudadanos bogotanos en las últimas tres elecciones.

COMENTARIO ADICIONAL. Lo que he descrito hoy se demuestra en todo. ¿No les parece paradójico, por decir lo menos, que ahora la izquierda colombiana, tradicionalmente anti-estadounidense y nacionalista, saludó con entusiasmo las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en el país? Y los uribistas, en un arrebato de anti-americanismo nunca antes visto, las rechazaron.

COMENTARIO ADICIONAL II. En el mismo sentido se explican las preocupaciones por la investigación en curso en contra de Iván Cepeda. No se confía en las decisiones judiciales o disciplinarias porque no existe claridad en los límites del Estado ni en sus funciones.

COMENTARIO ADICIONAL III. No hay que sorprenderse tanto por la preocupación expresada por Naciones Unidas u ONG como Human Rights Watch: es natural; es su razón de ser. Siempre están tratando de buscar funciones para persistir en el tiempo.

COMENTARIO ADICIONAL IV. No crean que olvidé mi compromiso de profundizar en la discusión del tema educativo. En eso he trabajado toda la semana y espero publicar muy pronto la primera entrega.

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HABLARON LOS QUE ¿SABEN?

Cuando comencé a escribir este blog, me propuse dar mi posición sobre noticias de actualidad. Quería ampliar el debate. Sin embargo, hubo varios asuntos
sobre los que pensé no escribir. Uno de ellos era el del actual gobierno de Bogotá, el de Gustavo Petro. Esto, por varias razones. Primero, porque me parecía
que era evidente el fracaso de esta nueva ilusión para los bogotanos. Segundo, porque, aunque disfruto la política, hablar específicamente sobre la gestión
de un alcalde implicaba, así no lo quisiera, quedar del lado de alguien en la discusión electoral. Tercero, porque, a menos que fueran decisiones
específicas, la cosa no sería de actualidad. Otras razones tenía, pero no vale la pena enumerárselas todas.

La fuerza de los hechos, sin embargo, me llevó a pensar que no debo omitir el tema y dedicarle un comentario, aunque no sea el principal, al gobierno de
“Bogotá Humana”. Esta decisión la tomé porque, en estos días, sucedieron dos hechos que me pusieron a pensar. Hace poco me llegó una comunicación de
organizaciones de colombianos acá en Francia para adelantar una movilización en contra del proceso de revocatoria del mandato de Petro. Al otro día vi la
comunicación hecha por “académicos, intelectuales y artistas” en el mismo sentido.

Decidí escribir para debatir estos hechos, no para promover nada. Si me preguntan sobre la revocatoria, soy neutral. Si se va bien, si no igual. Creo, como
ya lo he dicho, que los ciudadanos deben ser responsables por sus decisiones. Los bogotanos han tomado malas decisiones durante tres periodos y no han
querido aprender. Me parece que una revocatoria, a pesar de estar contemplada por las leyes electorales, impide ese responsabilización que deben hacer los
ciudadanos y, además, impide el proceso de aprendizaje. Me parece que, al contrario, la revocatoria actual tiene solo móviles políticos, que le ha dado más
atención de la que se merece Petro y que, como suele suceder en Colombia, no prosperará porque a los ciudadanos no les interesa y porque los políticos,
incluido Petro, aprovechan estas coyunturas para utilizar todas sus estrategias y leguleyadas para evitar escuchar a las personas. No estoy de acuerdo con la
revocatoria porque me parece, en últimas, que no tiene nada que ver con la democracia. Es, más bien, una burla de ella.

Por otro lado, sobre el proceso en la Procuraduría, sí que soy institucionalista. Me parece que, en principio, un personaje que no ha sido elegido por las
mayorías, que forma parte de una rama del poder público frente a la que dudo profundamente, no puede ir sacando y sancionando a aquéllos que se han hecho
elegir. No creo que un Procurador tenga esa función y me parece que ese es otro de los problemas institucionales que generó la Constitución del 91.

En resumen, no quiero defender ninguna de las amenazas en curso al mandato de Petro. Pero tampoco puede defender su gobierno. Y no es – solo – una cuestión
ideológica. Si me preguntan, no estoy de acuerdo con casi ninguno de sus planteamientos. Me parece que lo que prometió es, en algunos casos, soñar mucho;
algo irrealizable, en otros; e indeseable, en casi todos. Pero, igual, el tema es para debatir antes de las elecciones y no ahora. Además, muchas personas
pueden estar a favor de esas ideas y eso está bien. El debate se hará en las próximas elecciones cuando, aún sin aprender nada, los electores bogotanos
vuelvan a decidirse por el candidato que sea de la izquierda y que les prometa lo que quieren escuchar. Además de la cuestión ideológica, no podría defender
la gestión de una persona que, como lo dije a mis conocidos antes de las elecciones, era muy buen congresista…y que sigue siéndolo. Petro no tenía idea de
gobernar. Y sigue sin tenerla. Su arrogancia, su técnica confrontacional y su terquedad son otras características que me impiden sentir simpatía por su
gestión. Fíjense, que la cosa es profunda: ni me parece bueno, ni estoy de acuerdo con sus ideas…ni me cae bien, soy honesto.

Por lo anterior, porque acá sí que tengo un sesgo evidente, no quiero hablar solo de Petro, sino de lo que dicen aquéllos que, utilizando su reconocimiento –
y conocimiento, decidieron utilizar una serie de argumentos débiles, por decir lo menos, en su apoyo al alcalde. El documento firmado por “académicos,
intelectuales y artistas” tiene cuatro bases principales de argumentación. La primera, que es la razón por la cual decidieron escribir, es la idea según la
cual los intentos de revocatoria del mandato de Gustavo Petro son una persecución orquestada por la “ultraderecha”. Esta es una de las creencias que ha
expresado el mismo alcalde. Lo que no ven ni uno ni los otros es que, de esta manera, lo que hacen es descalificar a todos quiénes no están de acuerdo con el
actual gobierno local. ¿Todos los ciudadanos que critican a Petro y que, equivocadamente o no, lo quieren por fuera son representantes de la extrema derecha?
La respuesta obvia es que no. Y, sin embargo, al iniciar el documento de respaldo al gobierno local de esa manera, pareciera que así fuera. Ese tipo de
descalificaciones, de cacería de brujas, que han sido tan comunes en Colombia, no hay que olvidarlo, han sido factores presentes en cada una de las etapas de
nuestra violencia.

A partir de esta idea que todo el que desee que Petro quede por fuera de la alcaldía es militante de la extrema derecha, surgen otras. Primero, deciden
demostrar que el liderazgo tanto de la revocatoria como del proceso de la procuraduría están en manos de individuos con estas creencias. Eso, no podemos
dudarlo, es cierto. Pero tampoco creo que por esa razón, podamos descalificar sus intenciones. Por ejemplo, olvidan los firmantes que la Procuraduría (con lo
cual no estoy de acuerdo) ha adelantado procesos semejantes contra representantes de todo tipo de corrientes políticas. Además, en Colombia tenemos que
acostumbrarnos, algún día, a debatir las ideas y no a desacreditar a las personas. Una acusación grave sale del documento: el asesinato de Álvaro Gómez fue
adelantado por la extrema derecha. Me parece que deberían llevar las pruebas del caso ante las autoridades competentes y no hacer ese tipo de afirmaciones
sin más ni más.

Estoy de acuerdo, como ya lo mencioné, con el reconocimiento que hacen de Petro como un muy buen congresista. Sin embargo, esa labor previa no implica, como
alertamos muchos en la campaña, que sea un buen ejecutor o administrador, como ha quedado demostrado. Afirman nuestros “académicos, intelectuales y artistas”
que esa extrema derecha lo que quiere es no darle tiempo a que se demuestre la conveniencia de las decisiones de Petro. Como profundizaré más adelante, esta
es una de las afirmaciones preferidas por aquellos que comparten ideas como las de Petro: algún día, en algún futuro, las decisiones funcionarán, aunque sus
resultados sean negativos en el corto, mediano…y largo plazos. Algún día será…

Esto último da lugar al segundo aspecto del cual parten los “académicos, intelectuales y artistas” para denunciar el ataque a la gran obra de Petro: sus
logros. Primero afirman que lo que él ha buscado es “rescatar” de las manos privadas los servicios que deben ser públicos. Esta es una discusión larga,
compleja. Demuestra esas dos visiones que deben ser debatidas con argumentos: los privados son malos, por definición, mientras que todo lo público es bueno,
por definición. Y al contrario. Como hoy no quiero profundizar en esos debates, solo quisiera preguntarles a los firmantes por qué todos los servicios
públicos que ha buscado “recuperar” Petro deber ser “recuperados”. ¿Acaso no estaban siendo prestados? ¿Cuál es el objetivo que sean propiedad “pública”?
Porque lo que me parece es que los “académicos, intelectuales y artistas” que firman la misiva caen en el mismo error que critican: el dogmatismo. Todo debe
ser público porque…bueno, porque debe ser así. Y punto.

Mencionan lo que, para esos pensadores, son logros de la administración Petro. La baja en el desempleo. Ahí sí que me pierdo: ¿Cuál ha sido la política de
Bogotá Humana en la promoción de empleo? ¿Cuántos puestos de trabajo han sido creados como resultado de esas políticas? El hecho que la tasa de desempleo
haya bajado (aunque siga siendo alta), coincidencialmente, durante el gobierno Petro, no quiere decir que haya sido como resultado de su gestión. Ese tipo de
conclusiones, apresuradas, sin ningún respaldo ni rigurosidad, son muy comunes en nuestro mundo “académico, intelectual y artístico”, que no se caracteriza
por su labor científica.

Otros logros que mencionan son, además, puras promesas…para el futuro. Algún día serán. Mencionan, por ejemplo, la garantía de construir el metro. ¿No
teníamos la misma garantía desde Lucho Garzón? ¿Durante Samuel Moreno? ¿Durante la campaña de Petro? Además, se hace referencia a la supuesta superación de
la corrupción. Aquí también me perdí: no tenía conocimiento que esté demostrado que, gracias al gran Petro, la corrupción haya desaparecido de Bogotá. ¿O son
solo declaraciones, sin más ni más? Una tercera promesa: un supuesto cambio cultural en Bogotá. No tengo idea de lo que quieren decir por esto. Pero Petro sí
que debe ser un gran hombre para ser capaz de cambiar la cultura de una sociedad completa. Me preocupa, sin embargo, que nuestros “académicos, intelectuales
y artistas” vean con buenos ojos este tipo de acciones. ¿La cultura es resultado de decisiones intencionales, deliberadas? ¿Olvidaron los ejemplos de
“grandes” hombres que, en el pasado, tuvieron las mismas ideas? No sé si el término de Revolución Cultural les diga algo a nuestros “académicos,
intelectuales y artistas” pero a mi no me parecen procesos tan positivos. De pronto, ésta también era una declaración sin más ni más…pura retórica.

Los otros logros que describen forman parte de las muchas cifras que, de manera compulsiva, el mismo Petro publica todos los días en su cuenta de Twitter.
Como son cifras, habrá que creerles. Como son cifras, su interpretación depende del observador. Mencionan la baja en las cifras de homicidio. Sin embargo, no
sé si hayan visto estos “académicos, intelectales y artistas” pero la percepción ciudadana de seguridad y muchas cifras objetivas no han mejorado. Mencionan
la reducción en las tarifas de Transmilenio. Mencionan la gratuidad en el servicio de agua para los estratos más bajos. De fondo, entonces, nuestros
“académicos, intelectuales y artistas” lo que apoyan es que las cosas sean gratuitas o con precios bajos. Como a cualquiera le gustan. Sin embargo, ¿no
tendrán efectos estas decisiones en el futuro?

Una mención especial se merece el tema del agua gratuita. No sé ustedes pero a mi se me hace que esta decisión es contradictoria con otro supuesto logro del
gobierno de Petro, que es la ecología, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente. ¿Al ser gratuito un bien no se promueve su consumo
irresponsable sobre todo si éste es un denominado recurso de uso común, como lo es el agua? Supuestamente el Alcalde es un hombre verde, ambientalista, pero
al generar estos incentivos a lo que nos puede llevar, también a futuro, es a una escasez del recurso…de la que después nuestros “académicos, intelectuales
y artistas” culparán, seguramente, al neoliberalismo, a la ultraderecha y a los empresarios.

En esta dimensión de los supuestos logros de la administración, veo dos ideas de fondo. Por un lado, nuestros “académicos, intelectuales y artistas” apoyan
la gestión de Petro porque se ha enfocado en los más pobres (cosa que habría que demostrar porque hasta ahora eso solo es retórica). Lo que olvidan nuestros
pensadores, sin embargo, es que los representantes, los mandatarios deben estar al servicio de todos y no de un grupo específico en la sociedad. Bueno, si lo
que se busca, en realidad, es defender la democracia. Segundo, como lo mencioné más arriba, de fondo nuestros formadores de opinión descalifican a los que no
están de acuerdo con Petro porque no se esperan al futuro. Esto es, como siempre sucede con este tipo de modelos de sociedad, al nunca generar los beneficios
esperados, la única defensa que existe (y que supuestamente debe ser superior a cualquier otra) es que sus intenciones son loables, altruistas o
humanitarias. No importan sus fracasos: el punto es que piensan en los más pobres o en los más necesitados.

Por eso es que esos mismos “académicos, intelectuales y artistas”, seguramente, apoyan a los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI o a Cuba. ¿No ven que dan
educación y salud? Olvidan estos pensadores, que todo lo saben, que existen muchos otros países en los que, además de tener educación y salud, también se
tienen altos niveles de vida…y un sector privado que presta servicios “públicos”. Nos piden apoyar estos regímenes por sus intenciones y olvidar sus
fracasos, que están en todas las dimensiones, incluida la educación y la salud…pero esta es otra discusión que tendremos que profundizar en el futuro
también.

Una tercera idea en la que se basan los firmantes es que reconocen los errores cometidos por Petro (¡qué bueno!), pero que están seguros que, debido a la
actual coyuntura crítica, él enderezará el rumbo y hará las cosas mejor (claro, porque como las ha hecho está muy bien pero siempre se puede mejorar). Acá me
parece que nuestros “académicos, intelectuales y artistas” pecan por ingenuos…o por ver solo lo que quieren ver. ¿Alguna vez, desde su llegada al poder,
Petro ha demostrado que considera que está cometiendo algún error? ¿Alguna vez han visto, por lo menos una intención, de escuchar a los críticos? ¿Creen que
después de esta coyuntura crítica, de la cual seguramente saldrá victorioso, va a abandonar su ego o su arrogancia? Me da pena, pero eso sí que es pensar con
el deseo, sin tener en cuenta nada de la realidad…

La última idea de base es que, con las amenazas al gobierno de Petro, se está es en contra del proceso de paz. Esta idea también la ha mencionado, muchas
veces, el mismo alcalde. Me parece que esta idea no solo está errada, sino que es exagerada y hasta cínica. Es claro que la relación que se hace es fácil:
Petro fue beneficiado por un proceso de paz y ahora lo quieren sacar al haber sido elegido. En consecuencia, los que lo quieren sacar son enemigos de la paz.
Este tipo de razonamiento, simple, básico, es innegable, lo tienen muchos representantes de la derecha colombiana. Pero, claro, ellos son así: básicos. me
sorprende es que nuestros “académicos, intelectuales y artistas” crean en ese argumento. Otros exguerrilleros, como Antonio Navarro, han sido elegidos para
otros cargos y no han sido perseguidos. Además, el mismo Petro nunca tuvo este tipo de persecución cuando hacía las cosas bien; esto es, cuando fue
Congresista. Petro habla muy bien…critica muy bien…investiga bien. Nadie intentó amenazar su permanencia en el legislativo porque eso es lo que hacen
allá. Pero, además, nuestros “académicos, intelectuales y artistas” caen en un problema al pensar de esta manera porque si seguimos este argumento,
tendríamos que concluir dos cosas. Primero, que después del proceso de paz tenemos que elegir a todos los que se desmovilizan. Segundo, que no podemos
criticarlos ni decir que hacen las cosas mal. Todo esto, porque fueron guerrilleros. Estas dos implicaciones de esa afirmación llevan a la negación de lo que
supuestamente defienden: la democracia y el Estado social de derecho. Esto, porque si es obligatorio elegirlos siempre, entonces es necesario prohibir la
competencia de ideas y la existencia de otros grupos con planteamientos diferentes. Además, porque se acabarían los principios de rendición de cuentas y de
libre expresión, propios de las democracias.

Lo anterior sería impensable (nuestros “académicos, intelectuales y artistas” serían incapaces de pensar algo semejante) si no llegaran, al final de su carta
a una profunda contradicción con todo el documento. Afirman que, más que defender a una persona o a una plataforma política, lo que están defendiendo es las
legítimas reglas del juego del Estado social de derecho. Es decir, lo que defienden es el tipo de Estado que creó la Constitución del 91, el mismo documento
en el que se contempla la posibilidad de…de la revocatoria del mandato a los representantes elegidos en las urnas. No se debe olvidar que esto es en contra
de lo que están pero al final dicen que es lo que buscan defender. Si esto es así, ¿para qué la carta? Me parece que, y por eso lo que mencioné en el párrafo
anterior, nuestros “académicos, intelectuales y artistas” a lo que le temen es a la decisión que puedan tomar los bogotanos, esas mayorías que creen
incapaces de pensar por sí mismas y de tomar sus propias decisiones a no ser que sean manipuladas por la “ultraderecha” o las compañías multinacionales (a
propósito, ¡las extrañé en el documento!)

Pero tenemos que tranquilizarnos. Los bogotanos, para su sopresa, sí piensan por sí mismos y es casi seguro que ni saldrán a votar, en favor o en contra,
porque no les interesa o porque no les darán la oportunidad. Por lo tanto, la administración que va por muy buen camino (ya veremos en el mediano plazo cómo
queda la ciudad) se quedará. Y el Procurador, por sus cálculos políticos, no creo que se atreva a hacerle nada, además, a quien tuvo un papel relevante para
elegirlo en una primera ocasión. Tenemos que tranquilizarnos porque, mientras tanto, tendremos una ciudad con todo gratis o muy barato, una gran cantidad de
cifras y de promesas, con caos vehicular, sin movilidad, problemas de suelo, inseguridad (percibida y real), corrupción (así no salga en las noticias) y un
sistema de transporte, siempre, a punto de colapsar. Pero, al fin y al cabo, no podemos criticar: algún día alcanzaremos nuestro objetivo de desarrollo.
Algún día, si nos va bien, seremos Cuba.

El viernes vuelvo con el comentario de verdad.

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