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El caso Petro: tareas pendientes en Colombia

La decisión del Procurador General, Alejandro Ordoñez, de destituir e inhabilitar al Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, demuestra muchas de las tareas pendientes – y urgentes – que tenemos en Colombia para avanzar en el eterno proceso de construcción de sociedad.  

Primero,  se hizo evidente la necesidad de delimitar y de definir las funciones del Estado y de sus órganos. No solo es la falta de claridad sobre si el Procurador se extralimitó en sus funciones. Tampoco son claros los casos en los que un representante elegido en las urnas puede ser destituido por un ente de control o por una decisión judicial. Mucho menos está definida la delgada línea entre el acatamiento de una sentencia y la posibilidad de manifestar su desacuerdo por parte del funcionario afectado. Ni qué hablar de la potestad que tiene un funcionario elegido de convocar a manifestaciones públicas para ser defendido por las mayorías o del uso que se le puede dar a los canales de televisión locales financiados con recursos públicos y cuya autonomía editorial no está clara.

Todo esto se evidenció en este caso, pero existen muchos otros en los que no están definidas ni las funciones, ni los alcances que tienen los órganos del Estado. De hecho, cada vez que existe una decisión sobre el desempeño de algún funcionario se crea un profundo debate entre juristas del país sobre las normas que permiten o no la ejecución de tal decisión.

Por lo anterior, el país está en mora de establecer funciones definidas, claras, transparentes que establezcan lo que se puede o no hacer y las actuaciones tanto de los funcionarios como de los órganos que representan. Y esto, déjenme decirles, es otra forma de decir que necesitamos de manera urgente un proceso de limitación del Estado.

Precisamente, la incertidumbre que existe sobre este aspecto dio lugar a las suspicacias que, en este caso, llevaron al escalamiento del movimiento ciudadano en defensa del Alcalde Petro. Por ello, es que la decisión se ha considerado como un ataque de la “extrema-derecha” o como un ejemplo de la supuesta falta de democracia en el país. Siempre que se toma una decisión judicial o disciplinaria algún grupo o conjunto de grupos sociales se siente excluido o perseguido.

Esto último, a su vez, demuestra un segundo aspecto faltante en Colombia. Éste tiene que ver con la definición de los principios generales, de las reglas básicas sobre las cuales nos podemos construir como sociedad y que facilitan el control de la violencia y la consecución del bienestar.

En general, esta tarea se ha reducido a la supuesta necesidad de definir un objetivo común; a la construcción de nación. Sin embargo, esta forma de abordar el tema es equivocada, como lo demostró Friedrich Hayek en su obra Derecho, Legislación y Libertad. No existen objetivos comunes a toda la sociedad. Cada individuo define sus propios objetivos y, para alcanzarlos, coopera con sus semejantes a través de la creación de organizaciones. Pero no existe posibilidad de que todas las organizaciones compartan los mismos fines.

En consecuencia, lo único que se puede hacer es tratar de verbalizar las reglas generales a través de las cuales esos individuos y sus organizaciones han interactuado en la sociedad. En esta tarea pendiente no es necesaria la creación de esas reglas, sino simplemente el reconocimiento de las prácticas sociales ya existentes y que han servido para mantener, así sea de manera muy frágil, nuestra sociedad.

Las dos anteriores tareas pendientes plantean otro desafío. Nuestros legisladores se han dedicado a producir normas para regular todos los aspectos de la vida individual y social, pero no han cumplido las tareas que les dan su razón de ser a los órganos legislativos.

Por un lado, en Colombia contamos con regulaciones (leyes, las llaman) que afectan las decisiones económicas, la creación de organizaciones, los bienes que se consumen, la discriminación, las bebidas alcohólicas, el cigarrillo…Escojan ustedes el tema y encontrarán alguna disposición “legal”. Por otro lado, no obstante, no contamos con transparencia ni claridad sobre cuáles son los principios generales que nos permiten vivir en sociedad ni, mucho menos, sobre los límites que tiene el Estado y sus funcionarios.

¡El mundo al revés! Nuestros legisladores se han dedicado a regular nuestra vida en todos los aspectos pero han dejado de lado la limitación del poder estatal.   

Tal vez todo lo anterior se deba a la última tarea pendiente a la que quiero hacer referencia. Colombia sigue siendo una sociedad corporativista. No tenemos una noción de sociedad incluyente porque despreciamos la noción de individuo. Nos hemos quedado, como lo hacen las sociedades no evolucionadas, en la existencia de grupos que buscan controlar el poder para beneficiar a sus propios miembros. A los demás, los eliminan. Y, ojo, esto no lo hace únicamente la “extrema-derecha”. La Alcaldía de Petro se ha presentado como una reivindicación de algunos sectores sociales en contradicción con otros y no como al servicio de todos. En el mismo sentido, las movilizaciones que han salido en su defensa se presentan en oposición a quiénes consideran son sus enemigos.

Con todo lo dicho, el caso de Petro, termine como termine, no es tan negativo como se ha percibido. Creo que estamos en una coyuntura privilegiada en la que se han hecho evidentes las tareas que tenemos pendientes como sociedad. Y existen mecanismos para adelantarlas. No se trata, como han pretendido algunos, de nombrar, en las próximas elecciones, personas que se consideran superiores moral o intelectualmente, sino a quiénes demuestren la capacidad de cumplir con las tareas que se requieren.

No se trata, entonces, de crear una sociedad perfecta a través de la ley, sino de utilizar la ley para lo que realmente sirve. Los ciudadanos tenemos que responsabilizarnos por el importante papel que jugamos en ese proceso y dejar de creer en la existencia de fórmulas mágicas sobre lo que es la sociedad. No podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad: tal desperdicio del voto es lo que han demostrado los ciudadanos bogotanos en las últimas tres elecciones.

COMENTARIO ADICIONAL. Lo que he descrito hoy se demuestra en todo. ¿No les parece paradójico, por decir lo menos, que ahora la izquierda colombiana, tradicionalmente anti-estadounidense y nacionalista, saludó con entusiasmo las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en el país? Y los uribistas, en un arrebato de anti-americanismo nunca antes visto, las rechazaron.

COMENTARIO ADICIONAL II. En el mismo sentido se explican las preocupaciones por la investigación en curso en contra de Iván Cepeda. No se confía en las decisiones judiciales o disciplinarias porque no existe claridad en los límites del Estado ni en sus funciones.

COMENTARIO ADICIONAL III. No hay que sorprenderse tanto por la preocupación expresada por Naciones Unidas u ONG como Human Rights Watch: es natural; es su razón de ser. Siempre están tratando de buscar funciones para persistir en el tiempo.

COMENTARIO ADICIONAL IV. No crean que olvidé mi compromiso de profundizar en la discusión del tema educativo. En eso he trabajado toda la semana y espero publicar muy pronto la primera entrega.

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